La prolongada y profunda
crisis económica que estamos viviendo ha tenido la virtud de iluminar la
contradicción de fondo que se observa entre capitalismo y democracia. Las situaciones
extremas motivadas por la crisis han evidenciado esta contradicción, que antes
permanecía soterrada, al inclinarla normalmente con maneras bastante despóticas
en favor del capitalismo y en contra de la democracia.
José Manuel Naredo | Papeles de relaciones ecosociales y cambio global Nº 117 2012
Hasta hace
poco se suponía que el progreso económico mejoraría la situación de la mayoría
de la población, evitando la precariedad y la pobreza y paliando las
servidumbres del trabajo. Este progreso se veía espoleado por reivindicaciones
sociales tradicionalmente orientadas, entre otras cosas, a subir los salarios y
a reducir la jornada laboral y la edad de jubilación. Sin embargo, en los
últimos tiempos ese progreso ha mudado en regresión al atentar sistemáticamente
los Gobiernos contra esas reivindicaciones mediante recortes de ingresos y
derechos, no solo actuales, sino también futuros, de la mayoría de la
población. Atendiendo a las presiones de la patronal, y con el pretexto de una
crisis que oficialmente se presentaba como coyuntural, se han precipitado
reformas de fondo en el mercado de trabajo y las pensiones que echan por tierra
logros penosamente adquiridos por el movimiento obrero. Y estos cambios a peor
se han forzado desde el poder, lo mismo en los países europeos con mayores
derechos, salarios y pensiones, como Francia u otros países centroeuropeos, que
en los más precarios, como España, Grecia o Rumania, entonando en tan
diferentes casos la misma cantinela económica de la competitividad.
Estas agresiones a los
derechos e ingresos actuales y futuros de la mayoría de la población, no sólo
han acarreado la impopularidad y la pérdida de votos de los Gobiernos que las
fuerzan, sino también el descrédito de la legitimidad democrática que
teóricamente las avalaba. Porque, si efectivamente existiera un gobierno del
pueblo, no tendría sentido que se empeñara en recortar sus actuales y futuros ingresos y derechos.
Pero el elitismo gubernamental corre parejo con la falta de participación
ciudadana en la toma de decisiones importantes. Es más, los Gobiernos acostumbran a hurtar
el debate para imponer con urgencia decisiones sobre el marco regulatorio de
las pensiones y del trabajo que deterioran las condiciones de vida de la
mayoría de la población y que atentan contra la solidaridad y la cohesión
social. Y los gobernantes justifican su poder para tomar estas decisiones
porque dicen que han sido elegidos, olvidando por qué y para qué fueron
elegidos y que si violan sus promesas electorales están deslegitimando su
mandato. Hemos asistido, así, a la eclosión de un despotismo democrático
apoyado cada vez más en un poder sin autoridad y en una legitimidad desprovista
de confianza. Este poder sin principios ha venido olvidando que la ética más
elemental de la democracia exige cumplir las promesas electorales y contar con
la ciudadanía en las decisiones de gobierno ajenas a esas promesas.
Y, a la vez que se han sucedido las
agresiones a los derechos e ingresos de la mayoría de la población, un rosario
de políticos imputados en casos de corrupción ha venido pasando por los tribunales
y aflorando en los media. Lo cual induce a preguntarse por el caldo de cultivo sui
generis que los hizo proliferar, traspasando los teóricos filtros
democráticos.
Existen dos posibles
interpretaciones del tema. Una más restringida, que identifica la corrupción
con delitos tipificados en el Código Penal, consistentes en utilizar las Administraciones
Públicas para obtener lucros privados. Este enfoque considera el comportamiento
corrupto como patologías individuales condenables que cabe denunciar y
perseguir
con más o menos ahínco, pero hace
abstracción del contexto que las genera y que aparece como algo normal, que no
llama la atención ni suscita la crítica. Hay que adoptar, así, otro enfoque más
amplio para investigar ese contexto propicio a la corrupción que ofrecen las
actuales democracias.
El Foro sobre «Corrupción y
democracia», promovido por el diario Público a finales de 2009 reflejó
ambos enfoques. El enfoque más restringido, corrió a cargo de dos ponentes invitados
militantes de los dos principales partidos que gobiernan el país: el PP y el PSOE
que, tras reconocer la corrupción como patología que aflora en los tribunales, apuntaron
la necesidad de reforzar controles e instrumentos que ayuden a paliarla. Sus razonables
propuestas tuvieron la virtud de mostrar los límites hasta los que puede llegar
este enfoque, al reconocer que los procesos de corrupción que estos controles
detectan son más bien la excepción que la regla. Sin embargo, el introductor
del Foro, José Vidal Beneyto, adoptó un enfoque más
amplio, apuntando que el problema no es el que enfrenta corrupción a
democracia, sino el de la corrupción de la propia democracia y señalando como
causa radical de este fenómeno la incompatibilidad de fondo que se observa
entre capitalismo y democracia.1 Precisemos por este camino la forma que adopta
esa contradicción tan bien ejemplificada en nuestro país, junto a la dimensión
que alcanzan en él las prácticas corruptas.
Desde este enfoque más amplio, los
casos de corrupción que se detectan vienen a ser la punta del iceberg de males
mucho más extendidos, en nuestro caso heredados de la simbiosis entre
capitalismo y medio siglo de despotismo franquista… y de una transición
política que excluyó a los críticos del sistema, para reacomodar, bajo nueva
cobertura democrática, las élites del poder que siguen tomando las grandes
decisiones y favoreciendo los grandes negocios de espaldas a la mayoría. Las
mismas Administraciones Públicas siguen estando parasitadas por los intereses
empresariales o partidistas que mandan en cada sector…o en cada municipio,
haciendo que trabajen a favor de estos de forma normal y que la corrupción
prospere las más de las veces con cobertura legal. En el urbanismo se entronizó
al “agente urbanizador” para que, en connivencia con los políticos locales,
utilice a sus anchas la trampa de las reclasificaciones y recalificaciones de
suelo. Así, operaciones y megaproyectos urbanos que durante el franquismo eran
calificados de escándalos, se multiplicaron después, durante la democracia,
revestidos de impunidad legal y de buen hacer político y empresarial.2 Iluminar
este oscuro caldo de cultivo tan propicio a la corrupción es el primer paso
para erradicarla. Lo cual exigiría avanzar hacia una democracia más
participativa, que sustituya el actual consenso reservado y elitista, por otro
más amplio en el que una ciudadanía activa e informada participe normalmente en
las decisiones de gobierno.
Para ello habría que establecer un
marco institucional y una ética política que propicien esa participación
informada a los distintos niveles de gobierno, desde lo local y sectorial hasta
las escalas más agregadas. En este sentido apuntan las «buenas prácticas
políticas» contenidas en la «Propuesta de axiomas de participación» que a
continuación se presenta, elaborada al calor de las movilizaciones del 15M, en
la primavera-verano de 2011, que aportaron una corriente de aire fresco al
entonces claustrofóbico ambiente electoral exigiendo «democracia real ya».
Contexto que indujo a reflexionar sobre esa democracia real o verdadera enarbolada
en las protestas, frente a la falsa o degradada existente.
La democracia, al albergar dos
términos contradictorios, pueblo y poder, arrastra una indefinición tan amplia
que le permite oscilar entre el despotismo y la acracia según el poder se
divorcie o se fusione más o menos con el pueblo.3 Ahora que casi todos los
regímenes políticos se dicen democráticos, es el grado de participación
efectiva del pueblo en la toma de decisiones públicas el que marca el lugar que
ocupan en el amplio abanico de posibilidades antes mencionado. Y esta
participación no cae del cielo, sino que depende de la existencia de unas
instituciones y de una ciudadanía activa e implicada que la propicien. Ambas han
fallado en nuestro país, lastrado por una transición política que, como ya
hemos indicado, supo reacomodar “sin traumas”, bajo la nueva cobertura
democrática, las élites del poder que siguen haciendo los grandes negocios y
tomando las grandes decisiones de espaldas a la mayoría. Como también supo
afianzar con éxito la reinstauración monárquica impuesta por Franco,
desplazando los conciliábulos del poder desde El Pardo a La Zarzuela. Las
nuevas protestas que vienen denunciando este statu quo que daba por
buena la política oficial, abren horizontes de reflexión y de cambio ignorados
por el bipartidismo reinante.
Las protestas critican la deriva
despótica de la actual democracia, gobernada por una “clase política” que es, a
la vez, instrumento y parte de la oligarquía imperante. Denuncian ese núcleo
económico duro de empresarios buscadores de concesiones, contratas,
privatizaciones…
o “pelotazos” diversos y de
políticos conseguidores, que facilitan el continuo asalto de lo público.
Ambos, ensimismados en sus peleas de poder, muestran encefalograma plano en
ideas y propuestas solidarias e ilusionantes para la mayoría. «Mucho chorizo y
poco pan», sintetizaba una de las pancartas del 15-M. Las mencionadas
movilizaciones de protesta rompieron la mansa apatía que venía otorgando
impunidad a nuestros insignes “chorizos” e invitan a pensar y posibilitar los
cambios en el sistema que serían necesarios para erradicar tan lamentable y
despótica situación.
La reacción de los Gobiernos frente
a la nueva oleada de protestas ha sido también clarificadora. ¿Es propio de una
democracia prohibir que la ciudadanía se reúna libremente en el ágora? No
parece. Este gesto despótico es más propio de la tiranía. Sin embargo, esto es
lo que acabaron haciendo como un solo hombre en Madrid los Gobiernos central,
autonómico
y municipal, cuando impidieron el
libre acceso de los ciudadanos a la plaza principal de la villa, la Puerta del
Sol, acordonando los accesos, clausurando las correspondientes estaciones de
metro y ferrocarril suburbano y apaleando con saña a quienes protestaban pacíficamente
contra semejante atropello. Tan grave provocación represiva suscitó protesta,
la represión desproporcionada de ésta y las nuevas y más masivas movilizaciones
de personas indignadas. Esta espiral se cortó porque no podía seguir
permanentemente cerrada la Puerta del Sol, dando una imagen propia de un estado
de sitio. Así, tras cuatro días de protestas, la masiva manifestación convocada
por el 15M ocupó de nuevo la plaza y volvieron a celebrarse en ella las
asambleas.
Estos eventos provocaron reacciones
y declaraciones que evidencian la naturaleza autoritaria de una nomenklatura
próxima al poder cuyos hijos, a diferencia de muchos indignados, no solo
nacen con el pan, sino con el piso debajo del brazo. Que el propio presidente del
Congreso, José Bono, defendiera tan lamentables actuaciones diciendo que «la
democracia se resuelve en las urnas, no en tiendas de campaña», mostró una
demagogia impropia de un presidente de esa instancia teóricamente
representativa de la democracia. Pues la democracia debe resolverse potenciando
todas las instancias de participación ciudadana, desde las asambleas en plazas
y barrios, hasta el propio congreso, como sugiere la Axiomática (elaborada en
junio de 2011, por José Manuel Naredo y Tomás R. Villasante, raíz de las
movilizaciones del 15-M) que a continuación se presenta. Y una verdadera
democracia debería incentivarlas, no reprimirlas, y saludar positivamente la
labor realizada por 15M en favor de una ciudadanía más activa y participativa.
¡No más atropellos! Propuesta de
axiomas de participación a respetar por Gobiernos democráticos
Cuando se le pregunta al 15-M que
cuáles son sus propuestas, creemos que su principal y primera propuesta debería
de ser exigir buenas prácticas políticas a todos los Gobiernos, para evitar
que se sigan produciendo los habituales atropellos a la ciudadanía que se
ejemplifican más abajo. La siguiente propuesta de axiomas de participación, en
los que debería apoyarse la democracia real que defendemos, las enuncia.
Nuestra idea es circular y enviar
esta propuesta para que, tras ser discutida, corregida y enriquecida en las
asambleas, pueda ser asumida por el movimiento. Se podría así contar con la
propuesta positiva, realista y contundente, de exigir unas buenas prácticas
políticas que permitan sacar los colores a quienes las sigan ignorando.
Estas prácticas tienen además la virtud de situarse por encima de partidos y
siglas políticas y de suscitar la aceptación de cualquier persona que no se vea
condicionada por intereses mezquinos e inconfesables. Contribuirían, además, a
reforzar y unir el movimiento con acuerdos que se sitúen por encima de las
posibles divergencias que puedan surgir en el tratamiento de las distintas
áreas temáticas.
AXIOMA 1.º Un Gobierno democrático no puede
tomar decisiones que afecten a la mayoría de la población sin consultar
previamente a dicha población mediante referendo inequívocamente planteado y
debidamente informado. El cumplimento de este axioma exigiría facilitar la
convocatoria de referendo, a escala nacional, autonómica, local, e incluso de
barrio o distrito, cuando la importancia del tema lo requiera o la población lo
solicite, como es habitual en otros países con más tradición democrática.
Ejemplos de actualidad:
– A escala nacional: No cabe
decidir intervenciones militares sin consultar a la población mediante
referendo. Como tampoco cabe aumentar la edad de jubilación, o los años de
cotización, sin haber consultado previamente con la población las posibles
opciones para financiar la Seguridad Social.
– A escala autonómica: No cabe
privatizar el Canal de Isabel II sin discutir las razones, ni consultar mediante
referendo una decisión de este porte.
– A escala municipal: No cabe
hacer megaproyectos que alteren significativamente la estética de la ciudad y
el bolsillo de sus habitantes, sin haber consultado previamente con ellos sus
prioridades y sus preferencias.
– A escala de barrio: No cabe
convertir un parque público en un golf privado o “remodelar” una plaza sin que
los vecinos directamente afectados participen tomando y orientando la decisión.
AXIOMA 2.º Un Gobierno democrático no puede
tomar decisiones que afecten a la mayoría de la población hurtando el
preceptivo debate en los propios órganos deliberativos del
Estado (parlamentos estatales,
autonómicos, plenos municipales…) a base de negociar y pactar con los partidos
políticos, a espaldas de cámaras o plenos, decisiones que luego se someten a
simple aprobación por la mayoría previamente pactada. Estos pactos
extraparlamentarios han pervertido el funcionamiento democrático de nuestras
instituciones, al convertir muchos de los posibles debates en plenos y en
parlamentos en meros simulacros sin valor práctico alguno, porque el resultado
venía consensuado de antemano. Por eso, para desactivar estas prácticas de
consenso oscuro y elitista, cabe pasar a los Axiomas 3.º y 4.º que resultan prioritarios.
Ejemplos de actualidad:
– A escala nacional: No cabe
acordar en sigilo, como lamentablemente se hizo, entre el PSOE y el PP la ley
que abrió la puerta a la privatización de las cajas de ahorros hurtando, tanto el
preceptivo debate parlamentario, como la consulta previa mediante referendo que
debería haber requerido una decisión tan importante.
– A escala autonómica y local: Un ejemplo paradigmático de
despotismo local y regional fue la ingeniería del consenso elitista tan
hábilmente manejada por Florentino Pérez, para sacar adelante, ahogando la
discusión en cámaras y plenos, con el acuerdo previo de todos los grupos
políticos, incluida IU, el doble pelotazo de recalificación de terrenos y
megaproyectos de la antigua y la nueva ciudad deportiva del Real Madrid.
AXIOMA 3.º Para hacer viables los axiomas 1 y
2, un Gobierno democrático no puede precipitar decisiones que afectan a la
mayoría de la población sin haber estudiado previamente todas las posibles
opciones, informado con transparencia y
facilitado que la ciudadanía debidamente informada participe en las diversas
instancias (mediante referendo, en parlamentos, en plenos municipales, etc.) en
la decisión del plan de acción que estime más pertinente. Pues además de los
partidos y de los jueces, la democracia debe incorporar comisiones o grupos orientados
a promover trabajos de planificación participativa, que ayuden a elaborar y
priorizar propuestas a los distintos ámbitos de participación, incluyendo las
asambleas al nivel más descentralizado, en barrios o pueblos (la experiencia de
los presupuestos participativos indica cómo se pueden regular y hacer viables
estas prácticas).
Ejemplos de actualidad:
– A escala nacional: Un Gobierno no debe acordar ayudas
a la banca en compra de activos (por el 5% del PIB) y en avales (por el 10%)
del PIB, sin haber estudiado previamente los problemas que tiene la banca y sus
posibles tratamientos, ni trazado planes a discutir y consensuar con
transparencia en todas las instancias de participación (incluido el referendo, cuando
la decisión afecte a la mayoría de la población o condicione el futuro del
país, la región o el municipio, o el de sectores económicos o sociales
importantes). Un Gobierno no debe endeudar al país (ampliando el déficit
presupuestario y emitiendo deuda pública), ni gastar sus dineros alegremente
(como ocurrió al principio de la segunda legislatura de Zapatero) sin debatir
tan graves decisiones (en parlamentos o plenos municipales), ni someterlas a
referendo.
– A escala autonómica y municipal:
No cabe anteponer megaproyectos llave en mano de olimpiadas, o de “operaciones”
inmobiliarias o de infraestructuras o de demolición-construcción de barrios
enteros (recordemos El Cabanyal), sin haber planteado, ni discutido planes de futuro
más amplios, con diversos escenarios, que permitan la participación ciudadana
en la toma de decisiones a todos los niveles implicados.
AXIOMA 4.º Un Gobierno democrático tiene que
incentivar y acoger con el máximo interés y apoyo institucional las leyes o
propuestas surgidas por iniciativa popular. Hay que advertir que los referendos
fruto de Iniciativas Legislativas Populares o de amplios movimientos sociales, de
abajo a arriba, plantean las preguntas que se han debatido entre la gente.
Mientras que los referendos que se plantean desde Gobiernos suelen albergar
preguntas con truco para conseguir que salga lo que se quiere desde el poder
(para eso recurren a estudios previos de opinión). De ahí que corresponde a los
movimientos sociales de base denunciar esos trucos para corregirlos o desactivarlos.
Con esta distinción este axioma debería ser prioritario, porque la axiomática
de la participación propuesta debería partir de la voluntad e iniciativa de la
gente como base de la democracia, pero conviene aclarar que el orden en el que
se presentan los axiomas no presupone ninguna jerarquía de importancia ya que,
en el fondo, están relacionados (podríamos presentar los tres últimos como
teoremas cuyo enunciado se asocia al cumplimiento de los axiomas 1 y 2, pero
preferimos seguirlos llamando axiomas).
Ejemplos de actualidad:
En estos meses se ha presentado una
Iniciativa Legislativa Popular para frenar la oleada de desahucios que esta
provocando la banca y el desempleo, haciendo la propuesta de que sea suficiente
la “dación” de la vivienda y no tener que seguir pagando al banco toda la
cantidad adeudada, cuando el banco ya se queda con la casa. Pero a pesar de
mostrarse de acuerdo altos dignatarios del PP-PSOE, esta propuesta no se
someterá a referendo sino que tras breve debate seguramente se le dará
carpetazo por el bipartidismo obediente a los bancos.
Axioma 5.º Un Gobierno democrático no solo
tiene que incentivar el buen funcionamiento de los instrumentos de
participación y deliberación actualmente existentes (Axioma 2.º), sino que
además tiene que apoyar con medios la extensión de estos instrumentos por todo
el cuerpo social, a fin de cubrir el actual déficit de participación e implicación
de la ciudadanía en la decisión, el control y la gestión de lo público.
Ejemplos de actualidad:
El movimiento del 15-M es una buena
prueba de lo que puede ser la iniciativa desde la base, que ha escapado a la
posibilidad de ser manejado o de servir a siglas o a dirigentes. Y, al
proyectarse en las asambleas de barrios y pueblos, debería ser saludado como
una auténtica profundización democrática, como por otra parte parece dicen las
encuestas, aunque no lo sea por el bipartidismo reinante, temeroso de perder el
monopolio del poder que acostumbra a ejercer
en connivencia con las élites
empresariales.
Aunque el orden de presentación de
los Axiomas va desde el poder a la base, las iniciativas más creíbles e
interesantes van desde la base hasta el poder. Lo hemos comentado en relación
con la convocatoria de posibles referendos. Para el movimiento surgido en el 15M
deberíamos proponer ya que se lance la reclamación de algún referendo concreto,
como acaba de pasar en Italia o en Islandia. Por ejemplo, sobre el tema de los
desahucios y la “dación en pago”, sobre lo que hay mucho consenso, sobre el
pacto del euro… o, en el caso de la Comunidad de Madrid, sobre el empeño del
Gobierno de privatizar el Canal de Isabel II.
Corolario
Si, como ha venido siendo habitual,
el Gobierno decide y actúa sin tener en cuenta a la ciudadanía, evita el debate
en los propios órganos deliberativos del Estado a través de oscuras componendas
extraparlamentarias u otros ardides y no incentiva, sino que castiga, las iniciativas
ciudadanas de participación, control y legislación, ese Gobierno no debe
llamarse democrático, sino despótico o autocrático, por mucho que fuera votado
en su día por una minoría suficiente del censo electoral.
Ejemplo a pequeña escala:
En un pueblo de la sierra de Madrid
el PP sacó 295 votos (obteniendo la mayoría absoluta); el PSOE 188; Zaide 83;
IU 44 (la oposición suma 315), y los nulos 40, en blanco 21, y abstenciones 287
(suman 348). Es decir, que con menos de un tercio de los votos posibles la Ley
Electoral le confiere a un partido el Gobierno, y este se puede permitir no
consultar a la población (que mayoritariamente no le apoya) en los siguientes cuatro años.
A la luz de lo anterior, cabe
concluir que los votos no facultan a los gobernantes a comportarse de modo
despótico, a ignorar e incluso castigar a la ciudadanía, hurtándole derechos y
dineros con medidas, megaproyectos y prácticas corruptas que no habían sido ni siquiera
explicitados en las campañas, como lamentablemente ha venido ocurriendo, haciendo
alarde de malas prácticas políticas que el presente texto trata de denunciar y corregir.
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1
Este enfoque se vio poco después plasmado en el libro póstumo de J.
Vidal-Beneyto, La corrupción de la democracia,
Los Libros de la Catarata, Madrid, 2010.
2
Sobre la refundación oligárquica del poder operada en España a raíz de la
llamada Transición democrática véase J. M. Naredo, Por una oposición que se oponga,
Anagrama, Barcelona, 2001, así como F. Aguilera y J. M. Naredo (eds.), Economía, poder y megaproyectos,
Fundación César Manrique, «Economía & Naturaleza», Lanzarote, 2009 y J. M.
Naredo y J. A. Montiel, El modelo
inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano,
Icaria, Barcelona, 2011.
3
Pues –como nos recordaba hace tiempo Agustín García Calvo– «en la sola palabra “democracia”
(que une “pueblo”, demo, como
genitivo sujeto de kratos,
“el poder”, pretendiendo que signifique, no “fuerza ejercida sobre el pueblo”,
sino “fuerza ejercida por el pueblo”, evidentemente sobre nadie) se contiene el
germen de todas las falacias, aquellas en cuya virtud el pueblo elige a sus
representantes y por lo tanto gobierna, sea dictatorial o democráticamente; lo
cual, por definición, quiere decir que ya no hay pueblo (esto es, súbditos,
contribuyentes, reclutas…, objeto en suma del poder) sino solo gobernantes». O que
también, si de verdad el poder fuera del pueblo «estaríamos en la acracia, no
en la democracia» (A. García Calvo, Apotegmas
sobre marxismo, con motivo de la conmemoración del nacimiento de C. Marx,
Ruedo Ibérico, Paris, 1970, p. 31.
