Sergio Ferrari, desde la ONU en Ginebra, Suiza
A pesar que el Gobierno hondureño reivindica sensibles mejorías, los “derechos humanos siguen siendo violados sistemáticamente” en Honduras. Denuncia presentada la tercera semana de marzo en Ginebra por once representantes de la sociedad civil hondureña. Y sintetizada por Carolina Sierra, del Foro de las Mujeres por la Vida, red que trabaja principalmente en el norte de su país.
Sierra llegó a Ginebra para observar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras.
HONDURAS BAJO LA LUPA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, inició una primera fase del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras en noviembre del 2010.
En ese momento definió una larga lista de recomendaciones para corregir las violaciones de derechos fundamentales.
El 17 de marzo evaluó el estado actual de la situación. Presentaron sus informes tres expositores oficiales designados por el Consejo, representantes de Tailandia, el Reino Unido y la Federación Rusa.
Una nueva comparecencia voluntaria de Honduras en el Consejo se realizará en dos años.
Ana Pineda, Ministra de Justicia y de Derechos Humanos de Honduras, fue la portavoz oficial de su Gobierno. Insistió en su comparecencia en mejorías efectivas y que sobre las 129 recomendaciones formuladas por el Consejo a la intención de Honduras, “un cierto nombre de medidas están en curso de aplicación”.
Cada representante de la sociedad civil hondureña presente en Ginebra pudo expresar su mirada crítica, en minúsculos balances de 2 minutos cada uno.
Trece representantes oficiales y portavoces de organizaciones internacionales tomaron la palabra en los debates posteriores. Algunas de ellos reconocieron avances formales parciales. La mayoría reiteró críticas sustanciales.
Las ponencias más críticas fueron de la Organización Mundial contra la Tortura señalando un 92 % de impunidad sobre las violaciones; la Federación Internacional de Ligas de Derechos del Hombre que contabilizó 200 homicidios en 2010 con impunidad total; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, afirmando que Honduras “no respetó ninguna recomendación para mejorar el sistema institucional y judicial”.
“VIOLACIONES PERMANENTES”
“El Gobierno de Porfirio Lobo Sosa implementó una campaña muy intensa para convencer a la comunidad internacional, enarbolando un mensaje de respeto de los derechos humanos”, explica Carolina Serra, joven periodista y comunicadora social.
Sin embargo “los que padecemos las violaciones y la represión, sabemos perfectamente cuál es la verdadera realidad”, subraya. “Es paradójico, por ejemplo, que el mismo 17 de marzo cuando Honduras pasaba su Examen en el Consejo en Ginebra, se diera una represión muy fuerte contra un paro convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)”.
A raíz de lo cual la Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse (FIAN), publicó en Tegucigalpa un comunicado denunciando acciones “bestiales contra los manifestantes”. Y solicitando a la comunidad internacional continuar con la “presión para parar la represión... que sufren grandes sectores sociales de la población hondureña”.
En paralelo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), desde México, dio a conocer un crítico documento denunciando que “la libertad de expresión sigue en retroceso a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno (de Porfirio Lobo) ante las Naciones Unidas”.
Dicha organización registró en 2010 diez casos de muertes violentas de periodistas, una de las cifras más altas de todo el continente latinoamericano.
“Además de dichos asesinatos hay que sumar la persecución contra las radios comunitarias y medios alternativos”, enfatiza Carolina Serra. Y si se trata de identificar las violaciones, Serra avanza una lista de ejemplos: “casi a diario hay dirigentes sociales y de la Resistencia amenazados; se reprime toda manifestación ciudadana contra el régimen; se da una política de exclusión permanente y con violencia de la gestión de recursos naturales estratégicos, incluso contra la voluntad de las comunidades locales”.
EL "LOBO" SIGUE MATANDO
Un último caso que conmocionó a la opinión pública hondureña fue el asesinato durante las manifestaciones de la tercera semana de marzo de la profesora Ilse Velásquez.
El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADEH, lamentó la muerte de esta defensora de derechos humanos y militante social. Hermana de Manfredo Velásquez, desaparecido en los años ochenta y primer caso de esta naturaleza en ese país conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el cual Honduras fue condenada en su momento.
Estos dramáticos ejemplos “no nos hacen olvidar otros temas muy de fondo que se convierten ya en dramas, como los asesinatos de mujeres. Registramos 64 casos en los dos primeros meses del 2011, lo que representa una media de un asesinato diario”.
Con el agravante, insiste Sierra, que “para esos crímenes como para las violaciones de todo tipo de derechos humanos, no hay ningún seguimiento jurídico, y todo cae en la impunidad más profunda. Sólo un 13 % de los asesinatos contra mujeres se convierten en investigaciones o procesos jurídicos”, subraya.
“Las organizaciones de la sociedad civil debemos apropiarnos del Examen periódico que realiza el Consejo de Derechos Humanos. Es un mecanismo nuevo que puede permitirnos también contrarrestar los argumentos oficiales de grandes mejorías que en la realidad no existen”, reflexiona Serra.
Somos conscientes que desde Honduras mismo “necesitamos mantener en el imaginario colectivo de todos los compatriotas del mundo, y de la sociedad civil internacional, el llamado a que no nos olviden”.
Aunque, tal vez, en una coyuntura tan compleja, “Honduras no es un tema prioritario de la agenda internacional… es fundamental que los Gobiernos, las ONG y los movimientos asociativos y de derechos humanos sigan presionando para que se visualice realmente lo que padecemos en Honduras”, insiste Sierra.
Quien recuerda que luego del Golpe de Estado de junio del 2009, se dieron elecciones con proscripción que facilitaron la llegada al Gobierno en enero del 2010 al actual presidente Porfirio Lobo Sosa.
“Representa la continuidad de esa fractura democrática y por eso no es reconocido por una parte importante de la comunidad internacional, especialmente países latinoamericanos”, concluye.
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