La solución de la crisis: la expansión de la demanda
La solución ahora pasa, como durante la Depresión, en una re-regulación de los bancos (incluyendo la reducción de sus exuberantes beneficios: la banca ha sido la actividad empresarial con beneficios más altos en los últimos treinta años), y un incremento del gasto público, un incremento de los salarios (con aumento de productividad) y una reducción del precio del dinero, precisamente lo opuesto a lo que la banca está pidiendo. Es alarmante, por cierto, que todos los jefes de la Oficina Económica de Zapatero procedan de la banca y ahora el "grupo de sabios", que tienen que hacer propuestas al Gobierno de cómo resolver la crisis, procedan en su mayoría de la banca y de las cajas. Esto es equivalente a pedirle al zorro que proteja las gallinas del corral (ver el excelente artículo de Juan Torres, "Los economistas de Z" en Sistema Digital). Es un indicador del gran poder que tiene la banca que ningún partido mayoritario esté hoy pidiendo en España un aumento del gasto público. El gran debate acerca de este gasto es entre los que quieren reducirlo (el PP) y los que quieren mantenerlo (el PSOE), pero ninguno de ellos está pidiendo aumentarlo, y ello en el país que tiene el gasto público por habitante más bajo de la UE-15. El aumento del gasto público es esencial para que haya un estímulo económico. Es importante subrayar este hecho porque la experiencia japonesa ha mostrado claramente que la necesaria reducción de los intereses bancarios para estimular la economía no es suficiente, a no ser que haya también un aumento del gasto público. La distribución de la Renta en España es tan concentrada (como señalé antes, España es uno de los países con mayores desigualdades de renta en la UE-15) que no es suficiente una bajada de intereses que abarate el precio del dinero para aumentar de una manera significativa la demanda. La escasa capacidad de consumo por parte de las clases populares requiere un incremento notable del gasto público. La desgravación de 400 € por persona que aprobó el gobierno español, era parte de esta política de estímulo de la demanda. Pero esta medida, además de ser regresiva (pues es equivalente a que se diera un cheque igual para todos los ciudadanos, independientemente de su ingreso), tendrá un impacto estimulante menor. La medida, prácticamente idéntica realizada por la Administración Bush (que inspiró al Sr. Zapatero) y que en aquel país, significó un aumento del gasto público equivalente a un 1% del PIB, fue escasamente estimulante. La razón de ello (además de ser una cantidad limitada) fue que el gasto fue poco discriminatorio y que, al ser regresivo, no tuvo gran impacto en la capacidad de consumo de las clases populares que son las que, al tener menos renta, consumen la mayoría de lo que reciben. De ahí que las medidas más eficaces sean políticas redistributivas que transfiera fondos de las clases adineradas (que ahorran más que consumen) a las clases populares (que consumen más que ahorran).
De ahí que debieran revertirse las políticas fiscales regresivas que se han aprobado en los últimos quince años (que han contribuido al crecimiento de las desigualdades de renta en España), e incrementar la inversión pública y muy en especial en los servicios públicos a fin de crear empleo. Aquí me permito hacer otra aclaración. Hay varias maneras de aumentar el gasto público. La más rápida pero no necesariamente la más estimulante, es aumentar las transferencias públicas, dando cheques a la población. El otro es a través de inversiones públicas que en España se interpreta, en general, en inversiones en infraestructuras (AVE, transportes, etc.). Pero mucho más eficiente para estimular la economía es invertir en servicios públicos, y muy en especial en servicios públicos del estado del bienestar, como sanidad, servicios de dependencia, servicios sociales, escuelas de infancia, y otros, que utilizan muchos recursos humanos. Es ahí la gran cantera de empleo que en España está muy poco desarrollada. En este sentido la política de Zapatero de reducir un 30% la creación de empleo público es profundamente errónea y va en sentido opuesto al que debiera hacer. España es el país que tiene un porcentaje menor de la población activa empleada en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios). Sólo un 9% comparado con 15% en el promedio de la UE-15 y 25% en Suecia. Reducirlo todavía más es un enorme error no sólo social (España, treinta años después del fin de la dictadura, continúa estando a la cola de la Europa Social), sino también económico. Es ahora, precisamente, cuando el gasto y empleo públicos debieran aumentar a fin de estimular el consumo de las clases populares.
Este aumento del gasto público se debiera financiar mediante la reversión de las políticas fiscales regresivas que se han realizado esos años, así como mediante un aumento del déficit del estado y de la deuda pública (permitiendo un mayor endeudamiento del Estado, a todos los niveles, central, autonómico y local). Un ejemplo de la necesaria reversión es la recuperación del impuesto sobre el patrimonio que se ha anulado bajo la falsa premisa que tal eliminación beneficiaría primordialmente a las clases medias. Según un documento presentado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de El Escorial, este julio pasado, por técnicos de hacienda del Ministerio de Hacienda, expertos en tributación, tal impuesto significó en el año 2005 un ingreso al Estado de 1.442 millones de euros. Según el mismo informe, tal impuesto fue en aquel año 2005, altamente progresivo, de ahí que su eliminación beneficiara predominantemente a las rentas superiores que acumulan la propiedad gravada, y ello a pesar del enorme fraude fiscal (pues sólo 727 propietarios de un total de 3.290 declararon tener una vivienda de más de 10 millones de euros).
La mayoría de las clases populares, cuya propiedad es inferior a 300.000 euros (y que tributan en este concepto menos de 80 euros), quedarían escasamente afectadas por la eliminación de este tributo. Los fondos de este tributo eran asignados a las CCAA que tienen la responsabilidad de gestionar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Tales fondos, de no haberse eliminado, podrían haberse utilizado por tales CCAA para mejorar la financiación de los servicios a las personas dependientes, exigida por la Ley de Dependencia y que el Estado Central financia con una cantidad de 1.200 millones de euros, a todas luces insuficiente. De no haberse eliminado tal impuesto, los fondos derivados del patrimonio podían haber ido a financiar los servicios de dependencia de las CCAA, hoy claramente insuficientes. Estos servicios a la dependencia crean gran cantidad de empleo que podría haber reducido el desempleo.
Otra fuente de ingresos debiera ser la eliminación del fraude fiscal que según tales expertos afecta al 20% de la actividad económica de este país (la más alta del a UE-15) y que significaría (su corrección) unos ingresos al Estado de 88.617 millones de euros al año (tanto por fraude fiscal como por Seguridad social, siendo la banca, por cierto, una de las instituciones que facilitan más en este fraude fiscal). Ni que decir tiene que la inversión de 88.617 millones en los servicios públicos tendría un impacto muy significativo en la corrección del subempleo (España se gasta 82.000 millones de euros menos en los servicios del estado del bienestar de lo que debiera gastarse por el nivel de desarrollo económico que tiene. Mientras que el PIB per cápita es el 92% del promedio de la UE-15, el gasto público es sólo el 72% y el gasto público social es el 68% del promedio de la UE-15). Es sorprendente el escaso esfuerzo que las autoridades tributarias de España han dedicado a la corrección de este fraude fiscal, lo cual solo puede entenderse por la excesiva influencia que los grupos económicos (como la banca y las inmobiliarias) y profesionales (profesiones liberales) tienen sobre las instituciones políticas.
En ninguno de los países en los que he vivido durante mi largo exilio (Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos), el Presidente del Gobierno diría jocosamente "que en España los ricos no pagan impuestos" (declaraciones del Sr. Aznar en 2003). Según un informe internacional sobre el gasto público (Castles, F. (ed) The Disappearing State? 2007, España se gasta en la recolección de impuestos sólo un 0,05 del PIB, el más bajo de la OECD, y seis veces menos (en términos proporcionales) que Suecia. Los mismos expertos de Hacienda, en su exposición en El Escorial, fueron muy críticos de los responsables políticos de la Agencia Tributaria por las prioridades que establecen en las políticas de corrección del fraude, así como en el escaso compromiso con los recursos necesarios para resolverlo. Otra de las medidas que debieran realizarse es la disminución de los intereses bancarios por el Banco Central Europeo, puesto que la justificación aportada por tal Institución para mantenerlos altos carece de apoyo empírico que la sustente. Las mayores causas del crecimiento de la inflación no son el crecimiento de la demanda, sino el crecimiento del precio del petróleo, y de los alimentos debido en parte a la actividad especulativa de los capitales financieros. Al BCE debiera exigírsele que, como hace el Federal Reserve Board en EE.UU., diera ahora prioridad a estimular la creación de empleo, en lugar de destruirlo, como está haciendo ahora. Y esta bajada de intereses debiera ir acompañada con políticas expansivas a nivel de toda Europa, subiendo el presupuesto de la UE de un 1% a un 5% del PIB, con el fin de realizar inversiones públicas que estimularan las economías europeas, propuesta realizada por un panel de economistas de EE.UU., Gran Bretaña, Francia y España en las mismas jornadas de El Escorial, donde se presentó el informe de los expertos haciendistas de la Agencia Tributaria Española. Y, lo más importante, sería que se estableciera una legislación por parte del Parlamento Europeo que permitiera convenios colectivos a nivel de toda Europa, facilitando un pacto social entre el mundo empresarial y los sindicatos a nivel europeo, condición sine qua non, para crear una Europa Social. (Ver el capítulo de V.Navarro. "Como está evolucionando la situación social de la Unión Europea" en Borrell, J., Europa en la Encrucijada).
Soy consciente de que estas propuestas se considerarán utópicas en el ambiente tan profundamente liberal y conservador que existe en las culturas económicas, políticas y mediáticas del país. Pero que las propuestas keynesianas hechas en este artículo sean consideradas utópicas en nuestro país define la naturaleza del problema, que es, en definitiva, el enorme dominio del pensamiento liberal en aquellas culturas. De ahí que se requiera una movilización de las fuerzas progresistas para cambiar la cultura política y económica que domina el país. Pero para ello se requiere que tales fuerzas progresistas se rearmen ideológicamente, abandonando su aceptación del dogma liberal que hegemoniza el pensamiento económico del país, incluso entre amplios círculos de izquierda.
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