Giorgio Mosangini
Ante un
desastre en la mar y según establecerían las leyes de salvamento marítimo, son
las mujeres y los niños quienes tienen preferencia. El naufragio actual del
Titanic financiero global invierte perversamente estas reglas. Se instalan
cómodamente en lujosos botes salvavidas los banqueros y las élites económicas, mientras
se echa al agua a la gran mayoría de la población y en particular a las
personas más débiles y desprotegidas.
Viendo
más allá del naufragio financiero, estamos atravesando una crisis sistémica multidimensional
(ecológica, sociocultural y económica) que posiblemente marque el fin del
sistema capitalista tal y como lo hemos conocido en los últimos tres siglos. Dicha
crisis ha sido provocada por un sistema económico de crecimiento ilimitado
alimentado por la ilusión de que era posible crecer de manera infinita en un
planeta finito. En las últimas décadas, la prevalencia de las finanzas ha
agravado el proceso. Así, los activos financieros, un eufemismo para llamar a deudas
futuras, han crecido de manera exponencial hasta superar en 20 veces el volumen
de la economía productiva real. Esta colosal burbuja financiera nunca se podrá
materializar. Esas deudas acumuladas no se podrán pagar. No habrá un futuro en
el que la economía real se multiplique por 20 para respaldar los espejismos de
las finanzas. Más bien todo lo contrario. El escenario de crisis ecológica y
escasez de recursos nos obligará a adaptarnos a realidades económicas radicalmente
más reducidas y modestas. Las sociedades humanas futuras deberán volver a
situarse por debajo de las capacidades máximas de carga de la biosfera que el
capitalismo ha vulnerado comprometiendo el futuro de la humanidad y del
planeta.
Ciegas
ante esta realidad, las élites económicas y políticas siguen poniendo en el
centro del sistema global al sector financiero y sus alucinaciones. Un ejemplo
más de ello es lo que se ha llamado la crisis de la deuda soberana que están
atravesando diversos países europeos. En el caso español, todavía en el año 2007
la deuda pública suponía aproximadamente un tercio del PIB y los intereses
sobre la misma se mantenían relativamente bajos. Hasta que especular sobre la
misma se convirtió en un mecanismo tremendamente eficaz de transferencia de
recursos públicos hacia los bancos y el sector financiero. Así, en lugar de
financiar directamente a los estados a través del Banco Central Europeo (BCE), damos
dinero público a bancos privados (españoles, alemanes, franceses, etc.) a
través del BCE a menos de un 1% de interés para que nos lo vuelvan a prestar
mediante la adquisición de títulos de deuda pública española a un 6% de interés
o más. Una estafa redonda que ha permitido trasvasar inmensas riquezas públicas
hacia el sector financiero disparando la deuda pública (que en 2013 ya
representará el 90% del PIB) bajo el peso de intereses usureros e insostenibles.
La
deuda pública se ha convertido de esta manera en un excelente bote salvavidas para
los bancos españoles y extranjeros que crearon la tormenta financiera ganando
colosales sumas de dinero a costa de generar una burbuja inmobiliaria que ha
puesto en riesgo al conjunto de la economía española. Mientras acumulaban
capital, la regla era no intervenir y dejar que la mano invisible del mercado actuara
sin frenos. En cuanto ha explotado la burbuja y los bancos se han encontrado con
un sinfín de activos inflados y sin valor, el sector público ha intervenido
masivamente para salvarles y aportarles liquidez. Una única entidad bancaria
(Bankia) ha recibido ayudas por un importe (33.000 millones de euros) que
triplica los recortes anunciados en educación y salud. Más allá de las ayudas
directas, invertir dinero público cedido por el BCE prácticamente gratis en
deuda pública a intereses elevados es otro de los principales mecanismos que
permiten a los bancos sanear sus cuentas.
Muchas
personas de mi generación empezamos a involucrarnos en movimientos sociales
ante los devastadores impactos sociales del ajuste estructural que los países
del Norte impusieron en los años 1990 a la mayoría de los países de la
periferia ante la crisis de la deuda soberana que enfrentaban. Renegociar los
pagos de una deuda (en realidad ilegítima) implicó reducir drásticamente el
gasto público y por tanto el acceso de la población a los servicios básicos así
como la privatización generalizada de recursos y servicios. Casi veinte años
después, vemos cómo en España y otros países europeos la voracidad de los
intereses financieros vuelve a instrumentalizar la deuda pública para
arrebatarnos derechos esenciales como la educación o la salud y amenaza el
futuro de nuestros/as hijos/as. No sin un cierto humor negro, la realidad del
capitalismo nos devuelve en carne propia injusticias que hace dos décadas animaron
nuestra solidaridad y rebeldía.
El
precio a pagar para que los banqueros se aseguren un lugar en los botes
salvavidas es increíblemente alto y cruento. En el año 2012 España habrá
destinado 28.000 millones de euros para pagar los intereses de la deuda pública
al precio de recortar casi cualquier otra necesidad y política. En 2013, se
prevé que el gasto se siga disparando y que paguemos 38.000 millones de euros
para el pago de los intereses de la deuda, aproximadamente un 10% del
presupuesto del estado. Es la partida de gasto más importante, solamente superada
por el pago de las pensiones. Más allá de las imprecisiones y la falta de
transparencia que presentan las cuentas y presupuestos públicos, podemos
intentar comparar el gasto en pago de intereses con otros desembolsos y
necesidades públicas. El año que viene pagaremos en intereses de la deuda una
cantidad casi equivalente al gasto de todos los ministerios juntos (39.000
millones). Más que el importe destinado a cubrir todo el personal público
contratado por el estado (33.000 millones). Prácticamente una vez y media el
monto destinado a prestaciones de desempleo (27.000 millones). Casi cuatro
veces los recortes anunciados del sistema de salud y educación (10.000
millones). Los intereses también representarán 30 veces la cantidad que
destinaremos a Ayuda Oficial al Desarrollo (1.300 millones), un sector que se
ha desmantelado, acumulando un recorte del 75% desde el año 2009 (y que, en un
cambio cualitativo aún más preocupante, se está alejando cada vez más de una
agenda de justicia Norte-Sur y sometiendo a intereses económicos).
Existe
un sinfín de alternativas para no rendirse a la ley capitalista aplicada ante
el naufragio financiero. De ninguna manera tenemos que resignarnos a financiar
botes salvavidas a los banqueros mientras se ahoga la mayoría de la población.
En la España de los recortes, debemos recordar que las reformas fiscales
regresivas de 2006 nos han hecho perder casi 20.000 millones de euros, que la
lucha contra el fraude fiscal permitiría recaudar como mínimo 44.000 millones
de euros anuales o que los gastos militares se han disparado al tiempo que se
generalizaban los recortes en servicios públicos básicos (llegando a más de
18.000 millones de euros en 2012 según cálculos del Centre d’Estudis per la
Pau).
Podemos
y debemos frenar el mecanismo de socialización de las pérdidas y privatización
de beneficios que los bancos están aplicando con la complicidad de los
gobiernos. Es urgente que la reivindicación de la ilegitimidad de la deuda aglutine
a sectores mayoritarios de la población para frenar los abusos del sector
financiero. Debemos exigir que el dinero público administrado por el BCE se
destine a financiar directamente a los estados y no a alimentar beneficios
privados. Tenemos que cancelar parte de la deuda llevando a cabo auditorías de
la misma que evidencien su ilegitimidad. Los bancos privados responsables de la
crisis que eventualmente colapsarían podrían sustituirse por bancos públicos y
cooperativas de crédito al servicio de la sociedad y de las necesidades de la
población.
Los
naufragios capitalistas tienen sus propias reglas, por encima de las del mar.
Los banqueros primero. La gente y su futuro no cuentan. Más que en España o ante
Rajoy, parece que estamos embarcados en el crucero Costa Concordia, en manos
del grotesco capitán Schettino, ahora imputado por un naufragio que costó la
vida a más de 30 personas. La regla inhumana de “los banqueros primero” hasta
ha sido plasmada en la Constitución española en el año 2011: el pago de la
deuda tiene prioridad sobre los otros gastos y se prohíbe su repudio. Ante una
deuda que erosiona el conjunto de derechos y servicios públicos de la población
y la priva de futuro, debemos decir basta: ¡No debemos – No pagamos! (www.auditoria15m.org; http://auditoriaciudadana.net).
Giorgio
Mosangini es miembro del “Col•lectiu d'Estudis sobre Cooperació i
Desenvolupament” y autor del libro “Decrecimiento y justicia Norte-Sur. O cómo
evitar que el Norte-Global condene a la humanidad al colapso”, Icaria,
Barcelona, 2012.
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