Laurent Etre
L'Humanité, Paris.
Frente a la sordera y la arrogancia del gobierno, Ignacio Ramonet, presidente de la Asociación Memoria de las Luchas, apela a la legitimidad social de las mismas y a la democracia participativa.
¿Qué expresa, en su opinión, la amplitud de la movilización por la defensa del sistema actual de jubilación?
Ignacio Ramonet.- Poco a poco, cada uno se va dando cuenta de que el proyecto gubernamental le va a afectar y de qué manera, esto se va a pagar en años de vida. Más allá de lo cual, hay un malestar social más global, que no ha podido expresarse desde el inicio de la crisis, primero financiera y luego económica, en 2008. Se observa igualmente el rechazo a una manera de gobernar, llena de arrogancia, de soberbia, de suficiencia. Lo que se puede llamar “el espíritu de Fouquet”, del que el caso Woerth es una de las muestras más recientes. El poder se obstina en negar la implicación de un ministro en un asunto que lo vincula a multimillonarios, a las clases extremadamente favorecidas. Lo que suscita un verdadero hartazgo en la población. Y tengo la impresión de que al hilo de la protesta, cada ciudadano toma conciencia de que él puede asociarse al movimiento. De esta manera, éste toma amplitud. Progresivamente, el movimiento traduce el conjunto de malestares de cada uno.
Ayer, Nicolás Sarkozy estimaba que el asunto de las jubilaciones estaba cerrado. ¿Qué hacer ante tal sordera?
Ignacio Ramonet.- En el plano de la legalidad parlamentaria, el plazo es relativamente corto, ya que se estima que de aquí al miércoles o jueves, el Senado acabará votando esta ley, que volverá entonces a la Asamblea. Y de aquí a unos diez días, desde el punto de vista de la legalidad parlamentaria, el asunto estará concluido. Pero en democracia, existen también otras legitimidades. En este momento vemos expresarse la legitimidad social, por otra parte reconocida en la Constitución a través del derecho de huelga y del derecho de manifestación. Aunque el poder permanezca sordo, esta legitimidad es mayoritaria en el país, como lo muestran los sondeos. Sería imprudente para el gobierno obstinarse, teniendo en cuenta sólo una legitimidad y no reconociendo las otras, completamente legales en democracia. Por otra parte, nadie ignora que el presidente de la República había afirmado, en su programa electoral, que no tocaría la jubilación a los 60 años. Él ha roto unilateralmente el contrato moral que había hecho con los franceses. En consecuencia, se está en el derecho de reclamar también otra legitimidad, la de la democracia participativa : ya que el presidente cambia su programa, debe someter su propuesta a los electores. Por ello algunos reclaman, con todo derecho, un referéndum.
Actualmente se desarrollan en Europa otros movimientos contra los planes de austeridad. ¿El desenlace del pulso actual en Francia hay que buscarlo por el lado de las movilizaciones a escala europea?
Ignacio Ramonet.- Hay manifestaciones muy importante en un gran número de países, en España, en Portugal, en Italia, en Rumania… En Grecia ha habido seis huelgas generales. Así pues, efectivamente, sería necesaria una jornada de acción europea. Añado que en algunos países donde las protestas son más fuertes son gobernados por la socialdemocracia. Y por tanto, muchos ciudadanos se preguntan si la socialdemocracia, cuando está en el poder, no termina por aceptar ella misma las consignas del Fondo Monetario Internacional (FMI), él mismo, dirigido por un socialdemócrata. Hay por tanto una hipoteca, que los partidos socialdemócratas deben cancelar. A este respecto, podemos alegrarnos de que en Francia, el PS anuncia que, si llega al poder, restablecerá la edad legal a los 60 años. Aunque no descarta hacer una reforma del sistema de pensiones...
¿En qué sentido puede decirse que la cuestión de las jubilaciones es una apuesta de civilización?
Ignacio Ramonet.- Se han construido sociedades más avanzadas, más civilizadas, en la medida en que la puesta a punto de sistemas de pensiones permite eliminar uno de los grandes miedos de Occidente, a saber, el desamparo de los ancianos. Es necesario también subrayar que, en algunos países, una de las medidas que toma la izquierda, cuando llega al poder, es precisamente bajar la edad de jubilación. ¡Evo Morales en Bolivia ha aprobado rebajarla de 65 a 58 años ! Responde a una aspiración profunda de los pueblos.
Traducido por J.A. Pina
Fuente: http://www.humanite-en-espanol.com/spip.php?article744
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