Cada vez es más común que determinados gobiernos de América Latina recuerden a los mercados que los intereses de los pueblos no coinciden con los suyos: Estamos ante nacionalizaciones de sectores clave de la economía. Por ejemplo, en Bolivia, el gobierno de Evo Morales ha nacionalizado ahora la gestión de los aeropuertos principales del país. Las transnacionales que gestionaban el negocio, según el gobierno boliviano, no invertía en Bolivia los beneficios. A contiunación un artículo de Erika González sobre el tema.
Erika González | La Marea. 19 de Febrero
El gobierno boliviano decretó el lunes
la nacionalización de la empresa Servicios de Aeropuertos de Bolivia
Sociedad Anónima (Sabsa), filial de Abertis y Aena, que gestionaba los
aeropuertos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El gobierno de Bolivia
justifica la expropiación porque las empresas españolas han incumplido
el contrato en términos de ausencia de inversión para el correcto
mantenimiento de las instalaciones.
Las acusaciones a la filial de la transnacional española Abertis
vienen de lejos. Ya en 2008 el gobierno de Bolivia investigó a esta
multinacional para comprobar si cumplía con las inversiones contempladas
en el contrato. Además, en 2009 los trabajadores de la empresa se
movilizaron y denunciaron el incumplimiento de la ley del trabajo
vigente en el país andino. Las quejas continuaron, tanto por aspectos
laborales como por irregularidades cometidas por la empresa. Así, en
2011, tres trabajadores iniciaron una huelga de hambre para exigir un
aumento salarial equiparable al aumento de las nóminas de la gerencia y
solicitaron que la Contraloría General del Estado boliviana investigara
cobros irregulares de la filial de Abertis y Aena.
Una vez más, vemos cómo una transnacional española es nacionalizada
en Bolivia tras haber recibido denuncias por sus impactos sociales,
laborales o ambientales, consecuencia de una gestión orientada
exclusivamente al lucro. Es lo que ocurrió en 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos que afectaba a Repsol, en 2011 con las pensiones que gestionaba el BBVA en oligopolio, en 2012 con el transporte de electricidad que operaba la transnacional REE y, ese mismo año, con las filiales de Iberdrola en el país andino.
Y a pesar de que el gobierno español y los grandes medios de
comunicación plantean el cronograma de expropiaciones de las empresas
como una sucesión de agresiones a España, estas decisiones son, en
realidad, la mera materialización de la soberanía de un país como
Bolivia. Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación sobre esta nacionalización, calificándola como un “acto
inamistoso” que obliga a “replantear las relaciones bilaterales”, hay
que interpretarlas desde la determinación del gobierno español —tanto
del actual como los anteriores— de anteponer los intereses privados de
una pequeña élite sobre los derechos fundamentales de la mayoría de la
población.
En este sentido, las alusiones del gobierno español y de las
corporaciones transnacionales a la seguridad jurídica no tienen ninguna
justificación. En primer lugar, porque la nacionalización de los
sectores estratégicos para la economía del país está contemplada en la
Constitución de Bolivia. El avance de las políticas que garantizan la
gestión estatal de sectores como el eléctrico, las pensiones y el
transporte, por tanto, constituye un primer paso fundamental para que
estos servicios dejen de tener como prioridad el máximo beneficio para
sus propietarios y pasen a funcionar con otra lógica, la del servicio
público.
Pero es que, además, las empresas españolas que han tenido actividad
en Bolivia, en su afán de obtener grandes ganancias, han vulnerado
sistemáticamente los derechos fundamentales de gran parte de la
población y han deteriorado el medio ambiente. Es decir, que no sólo no
han sido “agentes de desarrollo”, sino que puede afirmarse que han
contribuido a deteriorar la calidad de vida de muchos bolivianos y
bolivianas. De ahí que el fortalecimiento del Estado, tanto en su
actividad económica como en las labores de supervisión, rendición de
cuentas y evaluación, resulte imprescindible para poder avanzar hacia la
verdadera seguridad jurídica, la que sitúa los derechos de las mayorías
sociales por encima de los intereses privados de una minoría.
Estas políticas, vistas desde un contexto como el que tenemos en el
Estado español, donde se está dando el proceso exactamente a la inversa
—se nacionalizan los bancos y cajas con pérdidas para luego sanearlos
con dinero público y, finalmente, venderlos a un precio muy bajo a las
grandes entidades financieras—, representan una buena referencia del
camino a seguir. De hecho, son reivindicaciones básicas que deberían
servir como modelo a seguir por los movimientos sociales para construir,
entre todos y todas, otros modelos de economía y sociedad que no estén
subordinados a la lógica del capital transnacional.
Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad y autora de Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio (Icaria, 2010).
Fuente: http://www.lamarea.com/2013/02/19/la-nacionalizacion-de-la-filial-de-abertis-y-aena-en-bolivia-un-avance-hacia-la-soberania/
Libro de la misma autora
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